Alegato contra la escuela concertada

Soy un asténico, la verdad. Cuándo no me paso diez días sin escribir escribo tres artículos así, del tirón. Y encima de éstos para hacer amigos: siempre que he mentado a la escuela concertada me he encontrado con los de colegio de pago que salen raudos a su defensa. Les recuerdo, por si no les he informado, que hasta cuarto de básica fui a colegios privados. Luego no.

Entendemos por escuela concertada a cualquier centro educativo privado que, a través de un acuerdo con la administración competente (en la inmensa mayoría de los casos, la Consejería de Educación de la comunidad autónoma donde está instalado) cede plazas escolares a cambio de una subvención del Estado; éstas plazas son gratuitas para quién las ocupa. Lo de gratuitas, naturalmente, es un quicir: hay que pagar extras que en los colegios públicos no son necesarios (uniformes, mayormente).

Varios son los alegatos que justifican la existencia de tales componendas entre el Estado y la iniciativa privada.

El primero de ellos, y el fundacional, es que, debido a la gigantesca expansión de la población escolar que supuso la universalización de la Educación Básica tras la Ley General de Educación de 1970, sencillamente no había plazas suficientes en los colegios públicos para dar cabida a tanto niño (y niña). Quizás fuese así en 1977, pero ya no tendría que ser así.

El segundo motivo es que, por tradición, la ciudadanía hispana tiene la convicción de que la escuela privada es mejor que la pública. Y es aquí donde reside el problema.

Si la ciudadanía quiere educación de calidad y considera que la privada es mejor que la pública, el Estado tiene dos opciones: primera, invertir ingentes sumas de dinero para poner a la escuela pública al nivel de la privada, o segunda, crear un mecanismo para que la escuela privada dé acceso a niños de la red pública. Como ésta última opción, a corto plazo, es más barata, naturalmente es la que se elige.

Sin embargo, éste sistema, aunque malo, sería tolerable si no fuese por un problema, en mi opinión, grave.

La educación privada, en nuestro hermoso país, está en la inmensísima mayoría de los casos, en manos de la Iglesia Católica y su galaxia de sub-sectas, muchas de ellas especializadas en el adoctrinamiento infantil (Salesianos, Escolapios, and so on). En consecuencia, las escuelas privadas, donde los niños de la red pública van a parar, tienen en sus planes de estudio una carga ideológica católica, cuya financiación por parte del Estado es cuánto menos intolerable.

En la escuela pública, si una familia no quiere que a sus hijos les adoctrine la Iglesia, siempre cabe la posibilidad de no elegir clase de religión. En la escuela concertada católica, no se puede escapar: la presencia curil es pervasiva e inevitable. Que si campamentos, que si cumbayá, que si catequesis: o eres católico o eres un paria.

Si no fuese suficientemente malo, nuestra hermosa Comunidad de Madrid, dentro de su programa de dotar de fondos públicos a las causas realmente importantes, fundamentalmente ha impulsado la creación de escuelas concertadas (católicas, natürlich) hasta tal punto, que existen barrios enteros donde de cinco colegios, cuatro son privados, quedando el quinto para los "inaceptables" para las escuelas concertadas: inmigrantes en general y africanos en particular (los sudamericanos, con su usual catolicismo exacerbado, son más aceptables), gitanos y "niños problema"). Todo el mundo gana: las escuelas privadas se garantizan clases llenas, lo cuál es dinero para las siempre hambrientas arcas del Arzobispado; y la Comunidad de Madrid se ahorra dinero en salarios de profesores, mantenimiento de colegios y otras inconveniencias que hacen que uno no pueda eliminar el Impuesto de Sucesiones, ese que impide que uno pueda dejar el fruto de su esfuerzo para que los hijos de uno no necesiten trabajar.

¿Quién pierde? Pues naturalmente los niños que estudian en la escuela pública; sus profesores, y, lo peor de todo, la idea de que todo niño en España tiene derecho a una educación universal de calidad.

Si hay dinero público para educación, debe ser exclusivamente para una escuela construida y administrada por el Estado, y gestionada por órganos democráticos bajo los principios y valores constitucionales; y la educación que en esa escuela se dé debe estar basada en los irrenunciables principios de rigor, ciencia, solidaridad y democracia.

Yo diría más: diría que toda educación debería estar basada en éstos principios, y el que quiera que sus hijos se arrodillen frente a estatuas de madera, que se lo pague aparte y fuera de las aulas. Pero sé que hay muchos padres que insisten en que un cura dé clases de matemáticas a sus hijos, no vayan a contaminarse con lo que haya allende la geometría euclidiana. Es una cuestión de mentalidad, y avanzamos muy despacio.

Pero deben darse pasos, y ésta es la forma de empezar: ni un duro para nadie y quién quiera un colegio privado que se lo pague: el dinero de mis impuestos, el dinero de los impuestos de todos, debe ir a lo que es de todos. A la educación de todos.

Seguiremos informando.