La inmensa mayoría de la clase política española ha dado un largo y sonoro suspiro de alivio al recibir la noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado legal la Ley de Partidos.
Como soy un onvre valeroso, me he ido a la página del TEDH a darle una ojeada a la resolución, que en un alarde de internacionalismo está publicada únicamente en francés. El abogado de Batasuna (un francés de San Juan de Luz con el euskaldunísimo apellido Rouget) argumentaba que la Ley de Partidos vulneraba el artículo 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, que trata de la libertad de asociación.
Para no aburrirles ni cansarles con legalismos, digamos que dos hechos obligaban al Tribunal a darle la razón al Gobierno. Primero, la jurisprudencia: en 1998 Turquía (que es parte del TEDH) prohibió los partidos islamistas; el TEDH le dio la razón (aunque no impidió que en las siguientes elecciones volviesen a ganar). Segundo, la batería de legislación antiterrorista aprobada tras el 11-S, que básicamente permitían a los países europeos que así lo decidiesen restringir derechos y libertades fundamentales en aras de la salvaguarda contra el terror. Como sabrán, España fue uno de los pocos países europeos que no modificó de forma notable su legislación antiterrorista tras el 11-S, más que nada porque ya era (y es) bastante dura de por sí.
La decisión de Estrasburgo se engloba en la definitiva asunción por la inmensa mayoría de la sociedad española de la teoría de que con ETA se acaba a palos. El último converso ha sido Iñaki Gabilondo, más que nada porque (supongo) queda mal ser tibio con la Ley de Partidos si tu propio hermano se sienta en el Consejo de Ministros.
El objetivo político ahora es convencer a los aproximadamente 80.000 vascos que creen a pies juntillas que la independencia de Euskal Herria sólo puede conseguirse a bombazos de que las urnas son más útiles que los bombazos. El éxito de ETA hasta el momento, sobre todo en los últimos años (estoy siendo sarcástico aquí) prueba la clase de gente cabezona con la que estamos tratando; pero están ahí, son ciudadanos españoles y por muy despreciables que sean tienen los mismos derechos que el resto de nosotros.
¿Cómo hacerlo? Ahí me pillan ladeado. Podremos tratar del tema más tarde.
Seguiremos informando.
Como soy un onvre valeroso, me he ido a la página del TEDH a darle una ojeada a la resolución, que en un alarde de internacionalismo está publicada únicamente en francés. El abogado de Batasuna (un francés de San Juan de Luz con el euskaldunísimo apellido Rouget) argumentaba que la Ley de Partidos vulneraba el artículo 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, que trata de la libertad de asociación.
Para no aburrirles ni cansarles con legalismos, digamos que dos hechos obligaban al Tribunal a darle la razón al Gobierno. Primero, la jurisprudencia: en 1998 Turquía (que es parte del TEDH) prohibió los partidos islamistas; el TEDH le dio la razón (aunque no impidió que en las siguientes elecciones volviesen a ganar). Segundo, la batería de legislación antiterrorista aprobada tras el 11-S, que básicamente permitían a los países europeos que así lo decidiesen restringir derechos y libertades fundamentales en aras de la salvaguarda contra el terror. Como sabrán, España fue uno de los pocos países europeos que no modificó de forma notable su legislación antiterrorista tras el 11-S, más que nada porque ya era (y es) bastante dura de por sí.
La decisión de Estrasburgo se engloba en la definitiva asunción por la inmensa mayoría de la sociedad española de la teoría de que con ETA se acaba a palos. El último converso ha sido Iñaki Gabilondo, más que nada porque (supongo) queda mal ser tibio con la Ley de Partidos si tu propio hermano se sienta en el Consejo de Ministros.
El objetivo político ahora es convencer a los aproximadamente 80.000 vascos que creen a pies juntillas que la independencia de Euskal Herria sólo puede conseguirse a bombazos de que las urnas son más útiles que los bombazos. El éxito de ETA hasta el momento, sobre todo en los últimos años (estoy siendo sarcástico aquí) prueba la clase de gente cabezona con la que estamos tratando; pero están ahí, son ciudadanos españoles y por muy despreciables que sean tienen los mismos derechos que el resto de nosotros.
¿Cómo hacerlo? Ahí me pillan ladeado. Podremos tratar del tema más tarde.
Seguiremos informando.
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